Gonzalo Condis

Mucho hemos escuchado al Kirchnerismo decir que “Ha vuelto la política” o que la dirección de la economía tiene que responder a objetivos políticos.

Hace poquito releyendo un texto de T.W. Mason Sobre la “primacía de la política en la Alemania Nacionalsocialista” y a Guillermo O´Donell en “El Estado Burocrático Autoritario” relataban según los distintos contextos como la elite política a cargo del régimen lograba cooptar, manipular y dominar a las demás elites económicas, sociales y culturales para imponer sus objetivos políticos.

Pero los que nos preguntamos es cómo el Kirchnerismo logró debilitar a esas organizaciones y si el Radicalismo tiene, por ideología socialdemócrata-liberal, que actuar de la misma forma.

Por eso es menester caracterizar qué tipo de herramientas utilizó el Kirchnerismo para imponer su “Política” y cómo en la búsqueda de ese objetivo logró subvertir a las demás organizaciones.
También, proponemos con cierta ingenuidad cuál debe ser el modelo “ideal” del Radicalismo sin tener en cuenta los conflictos inevitables determinados por la diversidad de intereses.

Podemos caracterizar a diversos actores sectoriales quienes están en pugna permanente para maximizar sus utilidades. La UIA, AdeBA, ABA, la Mesa de Enlace agraria, CAME, CGT, CTA como las más representativas. El Kirchnerismo utilizó principalmente la “militarización” discursiva y movimentaria para controlar a las organizaciones. Además del uso y abuso de la normatividad para reprimir, cuentan finalmente con los incentivos económicos y políticos a los dirigentes de las elites de sus respectivas organizaciones.
Para que exista la militarización no siempre es necesario la participación física. Alcanza con un discurso donde se esta siempre en combate permanente. Donde existen bandos y lo principal es ganar una compulsa.

No vamos a decir más de lo que se sabe sobre el relato y las formas discursivas del gobierno. Pero sí vamos a agregarle ejemplos: desde el boicot al consumo a determinadas empresas “díscolas”, al ejemplo de la movilización física como ha sido la última campaña de control de precios mediante organizaciones para-estatales (La Cámpora y Unidos y Organizados) que se arrogaron funciones estatales con capacidad para recomendar sanciones. La valoración positiva (del uso) de este tipo de violencia es replicado por otras organizaciones como un comportamiento válido alcanzando niveles de extorsión.

En segundo lugar, podemos mencionar el uso de la norma para perseguir y ejercer con un disfraz jurídico una especie de terrorismo ante los dirigentes que no se “encolumnen” con las directrices políticas unilaterales. Para ejemplificar podemos poner numerosos casos. La amenaza de la aplicación de la Ley de Abastecimiento, las penalidades económicas a las diferentes empresas, el pedido de renuncia a directivos de organizaciones económicas para inhabilitarlos como interlocutores válidos y numerosas prácticas más, que refuerzan el carácter de un gobierno que trasciende las fronteras de su autoridad legal.

Por contar con la plena y libre disponibilidad de recursos, el Kirchnerismo utilizó la “caja” para utilizarla arbitrariamente, en forma directa sobre las organizaciones manteniéndolas disciplinadas y obedientes. Estas organizaciones lograban contentar a sus bases pero al costo de perder autonomía en su capacidad de orientar sus objetivos.

La modificación del artículo 37 de la Ley 24.156 otorgó al Poder Ejecutivo el beneficio de “disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto…”. Fue el instrumento legal que desvirtuó el sistema republicano con el resultado de un Congreso supeditado al Ejecutivo.

También ha habido utilización de los recursos políticos como medio para asegurar, revocar o dividir a las elites organizativas en post de obtener obediencia. Los dirigentes han tenido que convivir con un régimen de premios y castigos. Los más obedientes han logrado mantenerse en sus cargos de representación, los más hábiles han logrado obtener recursos y cargos políticos en el Estado y los que han intentado situarse en una posición de enfrentamiento han sufrido algún intento de revocación, competencia interna o de división de entidad. Los ejemplos más claros se han dado en las organizaciones populares como la CGT, CTA, la FUA e inclusive en organizaciones patronales.

Ahora, ¿el Radicalismo debería actuar de la misma forma? ¿Pecamos de ingenuidad al pensar que las organizaciones que dominan materialmente sólo responden a la fuerza? ¿O puede haber otros incentivos para alcanzar acuerdos entre el Estado y las organizaciones de la producción?

Se debe saber que las fuerzas de producción por su naturaleza de innovación para regenerar el consumo tienden a modernizar sus productos. La necesidad de capitales de inversión requieren acordar en alguna medida contratos de cooperación con el Estado y con las organizaciones gremiales que, a su vez, pugnan por mejoras en las condiciones laborales y salariales de sus bases.

La Socialdemocracia nos exige el mayor grado de acuerdo dentro de una economía mixta. ¿Hay organizaciones que sólo actúan éticamente mediante la normativa? Sí, todas. ¿Se puede bajar el nivel de militarización para alcanzar objetivos de desarrollo? También. Pero inicialmente la primacía de la política sobre la economía no es mediante la cooptación o la manipulación. Es mediante la cooperación, la negociación y objetivos claros de desarrollo.

Ganar elecciones es siempre el objetivo político de una élite política. Ahora, que este objetivo no nos haga llevar por delante un potencial escenario de crecimiento como lamentablemente han sido los últimos 10 años del Kirchnerismo.